Igualdad investiga a siete diócesis por presuntos talleres de ‘terapia de conversión’

Resumen

El Ministerio de Igualdad ha abierto expedientes a siete diócesis católicas en España por la presunta realización de talleres y actividades dirigidas a cambiar la orientación sexual de las personas. Estas prácticas, conocidas como ‘terapias de conversión’, han sido ampliamente desacreditadas por la comunidad científica y médica, que las consideran dañinas y contrarias a los derechos humanos.

El Gobierno ha tomado esta medida después de recibir denuncias de organizaciones LGTBI y de personas que aseguraron haber participado en estos talleres. Según la información recabada, algunas de estas actividades se habrían llevado a cabo en centros parroquiales y otros espacios pertenecientes a las diócesis investigadas.

Las autoridades han señalado que estas prácticas suponen una vulneración de la Ley de Igualdad LGTBI, que prohíbe cualquier tipo de terapia o actividad dirigida a modificar la orientación sexual o la identidad de género de una persona. El Ministerio de Igualdad ha advertido que, de confirmarse los hechos, impondrá sanciones a las diócesis implicadas.

Detalles de la investigación

La investigación del Ministerio de Igualdad se centra en siete diócesis católicas de diferentes regiones de España. Según las denuncias recibidas, en estos centros religiosos se habrían llevado a cabo talleres, charlas y otras actividades con el objetivo de cambiar la orientación sexual de los participantes.

Algunas de las diócesis señaladas son la de Getafe (Madrid), Orihuela-Alicante (Comunidad Valenciana), Barbastro-Monzón (Aragón), Segovia (Castilla y León), Tarazona (Aragón), Teruel y Albarracín (Aragón) y Tortosa (Cataluña).

Según las denuncias, en estos talleres se habría utilizado un enfoque basado en la idea de que la homosexualidad es una enfermedad o desviación que puede y debe ser curada o corregida. Los participantes habrían sido sometidos a terapias psicológicas, ejercicios espirituales y, en algunos casos, incluso a prácticas de exorcismo.

Las autoridades han recalcado que este tipo de actividades son consideradas dañinas y contrarias a los derechos humanos por la comunidad científica y médica internacional. Diversas organizaciones, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Americana de Psicología (APA), han condenado enérgicamente las llamadas terapias de conversión y han instado a los gobiernos a prohibirlas.

Reacciones y posicionamientos

La apertura de estos expedientes por parte del Ministerio de Igualdad ha generado diversas reacciones en el ámbito político, social y religioso.

Desde el Gobierno, se ha manifestado el firme compromiso de combatir cualquier práctica que atente contra la dignidad y los derechos de las personas LGTBI. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha declarado que no vamos a permitir que se sigan realizando este tipo de actividades dañinas y discriminatorias en nuestro país.

Por su parte, algunas organizaciones LGTBI han celebrado la decisión del Ministerio y han instado a las autoridades a actuar con contundencia para erradicar estas prácticas de los espacios religiosos. Asimismo, han ofrecido su colaboración para aportar más información y testimonios que puedan ayudar en la investigación.

Sin embargo, la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha rechazado las acusaciones y ha afirmado que la Iglesia Católica no realiza ni apoya ningún tipo de terapia de conversión. Algunos obispos han salido en defensa de las diócesis investigadas, argumentando que las actividades llevadas a cabo tienen un carácter pastoral y no pretenden modificar la orientación sexual de las personas.

Desde la oposición política, partidos como el Partido Popular y Vox han criticado la actuación del Ministerio de Igualdad, calificándola de persecución a la Iglesia Católica. Estos grupos han señalado que las autoridades estarían interfiriendo en la libertad religiosa y de expresión de las instituciones eclesiásticas.

Implicaciones y próximos pasos

La investigación abierta por el Ministerio de Igualdad tiene importantes implicaciones legales y sociales. Si se confirma la realización de estas prácticas de terapia de conversión en las diócesis señaladas, las autoridades podrían imponer sanciones económicas y administrativas a las instituciones religiosas involucradas.

Además, el Gobierno ha advertido que, de ser necesario, no descarta llevar a cabo acciones judiciales contra aquellos responsables que puedan haber incurrido en delitos de discriminación o de atentar contra los derechos de las personas LGTBI.

En paralelo, el Ministerio de Igualdad ha anunciado que reforzará sus esfuerzos para promover una educación y una sociedad más inclusiva y respetuosa con la diversidad sexual y de género. Asimismo, se ha comprometido a trabajar en la elaboración de una ley integral que prohíba y sancione de manera efectiva cualquier práctica de terapia de conversión en todo el territorio nacional.

Las organizaciones LGTBI y de derechos humanos han aplaudido estas medidas y han instado al Gobierno a mantener una posición firme y a no ceder ante las presiones de sectores conservadores o religiosos que puedan intentar obstaculizar o minimizar la gravedad de estos hechos.

En definitiva, la investigación abierta por el Ministerio de Igualdad representa un importante paso en la lucha contra las prácticas dañinas y discriminatorias que atentan contra la dignidad y los derechos de las personas LGTBI en España. La resolución de este caso tendrá un impacto significativo en el avance de la igualdad y la no discriminación en el país.